Dorwin abocada cierre tras rechazar dos bancos las garantías

8 de Febrero de 2005

Los 109 empleados de la empresa riojana Dorwin están abocados a perder sus empleos, al finalizar hoy el plazo para que dos bancos aceptasen las condiciones presentadas por su propietarios para refinanciar la deuda que mantenían con ellos y exigiesen la liquidación de la compañía.

Los bancos son el Banesto y el Vasconia, a los que se adeudaban unos tres millones de euros y a los que se había ofrecido el pago inmediato de una cantidad de la deuda y el resto de manera diferida.

Dorwin forma parte del Grupo Dorlast, integrado por esta empresa y por el fabricante de colchones Dormilón, que es propiedad de Inveralia.

Según informó el responsable de Acción Sindical de Fiteqa CCOO, Benigno García, hace unos dos años los propietarios de la empresa acometieron un plan de productividad en el grupo, que encarecía un treinta por ciento la mano de obra y que a la larga no sirvió para tal fin.

Como consecuencia de ello, todo el Grupo Dorlast fue a un expediente de regulación de empleo que afectó, en el caso de La Rioja, a todos los trabajadores durante cuarenta días y que supuso la prejubilación de unos quince empleados de la planta del Sequero.

Ese expediente de regulación finalizó el pasado mes de septiembre, pero al mes siguiente los propietarios presentaron una suspensión de pagos que llevó también consigo el que no se abonase un veinte por ciento del salario bruto de los trabajadores de octubre.

"Luego no hubo ningún problema y se cobraron íntegramente las pagas de noviembre, diciembre y la extra de Navidad", afirmó Benigno García.

Sin embargo, a principios de año la empresa presentó una nuevo plan de viabilidad consistente en cinco medidas: reestructuración de la deuda financiera; renegociación de los incentivos salariales; adecuación del coste salarial del grupo; racionalización del gasto de los promotores de ventas y reestructuración de la red logística.

El plan iba acompañado de la extinción de los contratos de los más de 130 empleados de Dormilón en Madrid, como consecuencia de la reducción del 16% que había habido en las ventas desde 2001 a 2003 en el Grupo, que se habían visto agravadas en 2004 al obtener unos resultados un treinta por ciento inferiores a lo previsto.

Este descenso había venido acompañado de un incremento de los gastos de personal, que en 2004 suponían un 39 por ciento sobre la ventas, lo que hacía que Dorlast tuviera unos costes muy superiores a los de sus competidoras: Flex y Pikolín.

Otro dato aportado por los propietarios para justificar el cierre de Dormilón es que esta planta había acumulado una deuda de 20,6 millones de euros, en los últimos cuatros años, hasta el pasado 31 de octubre.

Estos mismos datos indicaban que en esos diez meses de 2004, Dormilón había registrado un ebitda negativo mensual de 349.000 euros, frente a un ebitda positivo de 77.000 euros de Dorwin, que sería la única empresa del grupo a salvar.

Para garantizar la continuidad de la fábrica riojana, los propietarios proponían el despido de algunos trabajadores, para dejar la plantilla fijada en algo más de cien y una reducción de los salarios que como media debería ser del quince por ciento.

El pasado 26 de enero, empresarios y sindicatos llegaron a un acuerdo para indemnizar con treinta días por año trabajado a los trabajadores de Dormilón y para desgajar Dorwin del grupo, a cambio del despido de cinco de sus empleados.

El acuerdo estaba condicionado a que los ocho bancos acreedores aceptasen la reestructuración de la deuda.

Los bancos se dieron de plazo hasta el pasado 3 de febrero para ver si aceptaban el plan.

Llegada esa fecha, sólo Banesto y el Banco de Vasconia no habían contestado, por lo que se abrió un nuevo plazo hasta hoy, que ha expirado sin que acepten las condiciones.

"Este martes nos vamos a reunir todos los trabajadores en asamblea en la propia planta de la empresa para ver que hacemos. De momento, nos vamos a concentrar al mediodía en la puerta del Banco de Vasconia, en Logroño. Todavía no estamos muertos y existe alguna esperanza", afirmó Benigno García.

Esta posibilidad de salvación pasaría porque la Comunidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Agoncillo, término municipal donde está ubicada la empresa, y el de Logroño, donde viven muchos de sus empleados, se comprometieran a avalar el pago de la deuda.

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